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HISTORIA RECIENTE DE COLOMBIA



Estudio y Recopilacion Realizado por Jose Soto Avila, Investigador acreditado de la Biblioteca Nacional de España y Archivos de Colombia.

Síntesis de Historia Política Contemporánea

Mario Arrubla Yepes

I

En las primeras décadas del siglo XX, Colombia conoce por primera vez desde la Independencia cierto grado de estabilidad política y social. Es la república conservadora. En el occidente del país se ha completado el proceso de colonización antioqueña, que a través de la producción cafetera vincula a esta región a la economía monetaria, y donde el trabajo y la propiedad corren en buena medida a la par. En las regiones centrales, escenario de la conquista española sobre el país de los chibchas, la fuerza de trabajo de un campesinado mestizo es tributaria de un reducido grupo social que esgrime sus diferencias de raza y que funda su jerarquía económica en el control jurídico-político de la tierra, asegurado en el presente y para el porvenir por títulos que, como los de Nozdrev, trascienden todo límite visible, cobijando las tierras abiertas y las por abrir. Este campesinado, reclutado por los latifundios en calidad de aparceros y agregados, reparte su tiempo de trabajo entre una producción de subsistencia y otra mercantil, principalmente de exportación, que conforma el grueso de la renta de los terratenientes, los cuales son así los únicos que se vinculan al mercado y a la economía monetaria. En rela­ción con este ordenamiento socioeconómico, levantado sobre el hecho jurídico de la propiedad, la institución estatal funciona como una herramienta fundamental. Los terratenientes perciben rentas y controlan las palancas del Estado, del que dependen la validez de sus títulos y la fuerza para imponer su respeto a los campesinos. El carácter sagrado de la propiedad es la regla de oro de la república conservadora. La propiedad ha de parecer tanto más sagrada cuanto más dudosos en justicia resultan sus títulos, y los propietarios tanto más respetables cuando más obscuros sus orígenes. El campesinado, intimidado por el dominio secular de sus señores, es cuidadosamente adoctrinado en la virtud religiosa de la obediencia, con lo que la Iglesia Católica prolonga en pleno siglo XX su viejo carácter de brazo espiritual de la Conquista.

II

El equilibrio de esta formación social se rompió en la década de 1920, cuando el capitalismo norteamericano en expansión vino a irrigar los estrechos canales de nuestra vida económica con importantes masas de inversión. Las concesiones petroleras se vieron acompañadas por el pago de la indemnización por Panamá, diferida durante muchos lustros y ahora otorgada con la mira puesta en aquellas concesiones. Prestamistas norteamericanos abrieron créditos que parecían ilimitados a particulares pero sobre todo a los diversos niveles del gobierno: municipal, departamental y nacional. Nuevas actividades económicas, muy especialmente la de obras públicas, se sumaron a las tradiciona­les de la agricultura y el comercio. Para operar en las obras públicas y en las actividades urbanas estimuladas por la afluen­cia de capital extranjero, la fuerza de trabajo fue extraída de donde se encontraba, de la agricultura, con el atractivo de una remuneración monetaria que competía ventajosamente con la suje­ción personal y la producción de subsistencia a que estaba redu­cido buena parte del campesinado. Este desplazamiento de fuerza laboral, que los terratenientes trataron de frenar con la colabo­ración de las autoridades locales y en lugar del cual propusieron la alternativa, de la inmigración, planteó un problema novedoso a la producción agraria colombiana: el de abastecer de alimentos a una población creciente por fuera de la agricultura, y ello con una fuerza de trabajo agraria relativamente disminuida. Era pues necesario elevar la oferta de alimentos elevando la produc­tividad agraria. Pero la aristocracia territorial, que con sólo sus títulos jurídicos y sin ningún esfuerzo propiamente económico concentraba y enajenaba los excedentes de una agricultura dejada en manos de campesinos, no mostró el menor afán en mejorar los métodos y técnicas de producción en respuesta a la demanda expan­dida. Los terratenientes continuaron sacando al mercado interno los mismos o menores volúmenes de producción y copando con alzas de precios los incrementos de la demanda. Para combatir la inflación persistente que convertía en ingreso y consumo de terratenientes unos recursos originalmente destinados al desarro­llo, los dirigentes económicos y políticos que ya entonces se identificaban con la modernización del país echaron mano de la Ley de Emergencia, por la cual se permitía la importación de productos agrarios competitivos. A los ojos de muchos resultó claro que el régimen territorial prevaleciente en regiones estra­tégicas del país comprometía gravemente las perspectivas de un desarrollo capitalista que no tuviera como único radio de opera­ción el comercio de exportación. Ojos más avizores, como los de nuestro máximo conductor político Alfonso López Pumarejo, compro­baban que la experiencia histórica que acababa de hacerse era el prólogo al derrumbe inminente de la república conservadora.

III

Los conservadores, divididos, perdieron el poder en 1930, y desde entonces iban a perder también de manera definitiva sus mayorías electorales: el predominio de sus principios doctrinarios depen­dían en medida considerable del control estrechamente personal ejercido por los terratenientes sobre los campesinos, y este control se fundaba a su turno en un régimen agrario que no debía prolongarse si se aspiraba a desarrollar nuevas actividades económicas que operaran como otras tantas fuentes de acumulación de capital. Cuando, después de la gran crisis del capitalismo, los dirigentes del país pusieron los resortes del Estado al servicio de la causa de la industrialización, se hizo todavía más evidente la necesidad de modificar en un sentido liberalizador las condiciones económicas y sociales de los trabajadores. Era necesario interesar a estos en aumentar la producción comerciali­zable, era necesario favorecer su inserción en la economía mone­taria, así como garantizar su movilidad ocupacional. Vistas en la perspectiva de los terratenientes, las modificaciones requeri­das aparecían como otros tantos recortes a sus prerrogativas: ya no podrían pretenderse dueños de todas las tierras, cultas e incultas, lo que les había permitido extender sus demandas de tributación a las áreas colonizables; ya no podrían disponer tan libremente de la suerte de sus agregados y aparceros y fijarles sus condiciones bajo la amenaza de expulsarlos sin pago alguno, ya no podrían atarlos a la tierra con el apoyo incondicional de las autoridades. Para que la fuerza de trabajo campesina produ­jera más, para que se inscribiera en la economía monetaria y demandara artículos industriales y para que ingresara en un mercado de trabajo en el que pudiera ser contratada por quien mejor la remunerara, o sea por quien en principio pudiera hacerla rendir más, para lograr todo esto era preciso que el Estado interviniera como un protector de los trabajadores frente al dominio de tipo señorial ejercido por los grandes propietarios.

Correspondió a los liberales impulsar en sus primeros lustros el proceso de industrialización. Bajo el nombre de Revolución en Marcha adelantaron un movimiento político que tomó cuerpo en una legislación que limitaba y condicionaba los derechos de los latifundistas sobre la tierra y la población. A fin de romper las viejas formas de jerarquización social, los liberales alenta­ron la organización y la iniciativa política de las masas. Bajo la república liberal, la Oficina de Trabajo se convirtió en un instituto para el fomento de la sindicalización. Las reivindica­ciones de los campesinos organizados en ligas -que se reducían generalmente a dos: la afirmación de la propiedad de las parcelas o del derecho de sembrar en ellas productos comercializables- fueron miradas con simpatía por los poderes públicos, que abando­naron su presteza tradicional en acudir con las armas al llamado de los terratenientes. El pacto tácito que llegó a vincular al Estado liberal con las masas trabajadoras no duró. El temor ante la insurgencia popular y la alarma ante la tolerancia del Estado invadieron rápidamente sectores cada vez más amplios de las jerarquías sociales, que llegaron a considerar al propio Presi­dente López como un aventurero irresponsable. Este había cometi­do un grave error: sobreestimar la capacidad de su propio partido para soportar a la vez la rebeldía de las masas y el pánico naciente en los altos estratos sociales. Fue así como el partido liberal, en el nivel de sus cuadros dirigentes, se contagió de la angustia conservadora ante los movimientos de masas incitados por la Revolución en Marcha, con lo que uno y otro partido acabaron por convertirse en voceros pasivos de los sobresaltos de las capas superiores. El liberalismo renegó de la empresa histórica en que lo embarcara su máximo conductor, y éste, consciente de que sin el apoyo entusiasta de sus copartidarios le era imposible perseverar en su camino y garantizar ese control final sobre las masas que tanto preocupaba a todos los sectores dominantes, no tuvo otra salida que la de claudicar, renunciando a la presidencia antes de cum­plir su segundo mandato.

 IV

Jorge Eliécer Gaitán fue el heredero del movimiento popular a cuya dirección habían renunciado los ideólogos burgueses del liberalismo. Era un orador que manejaba con virtuosismo los efectos capaces de conmover a las gentes del pueblo, un político de origen pequeño burgués cuyo enorme deseo de prestigio y de poder casaba muy naturalmente con las confusas pasiones reinvidi­catorias de un proletario y un subproletario urbanos en forma­ción. Su prédica contra las oligarquías y por los intereses del pueblo, vagamente definidos, sus promesas de colocar decididamen­te el Estado del lado de los pobres y en oposición a los ricos, tuvieron la más tumultuosa acogida en un momento histórico en que las masas eran dejadas en la estacada por los estadistas que diez años atrás las habían convocado. Los mismos dirigentes liberales que ayer no más llenaban las plazas debieron abandonar estas al caudillo y a sus seguidores y hasta el tránsito por las calles de la capital les fue vedado por la agresividad de las hordas gaita­nistas. El pueblo confiaba en un milagro: que la presencia del caudillo al frente del timón del Estado realizaría de manera incuestionada todas las aspiraciones que por siglos habían dormi­tado y que sólo recientemente habían comenzado a formularse. El único obstáculo que parecía atravesarse en esta vía, eran las oligarquías tanto conservadoras como liberales que el puño levan­tado del caudillo y su consigna: ¡a la carga! prometían derrocar. Eran tantas las expectativas suscitadas por el caudillo y tan ardorosas las pasiones encendidas por su oratoria que, de haber ganado las elecciones de 1946 y de haber pretendido todavía satisfacerlas, la hora de la violencia habría cambiado apenas en algunos meses pero su marco político habría sido distinto. La biografía política de Gaitán, marcada por el radicalismo populis­ta cuando apenas buscaba audiencia, e inclinada inequívocamente a la conciliación tan pronto ganó cierta autoridad en el liberalis­mo, permite sin embargo suponer que su conducta en la Presidencia habría ido en el sentido de la última inclinación, reforzada además por la dificultad práctica de dar cumplimiento a unas promesas que, si conceptualmente parecían confusas, emocionalmen­te resultaban excesivas. El hecho fue que los dirigentes del país, los burgueses y los terratenientes, los ideólogos del conservatismo y del liberalismo no se mostraron dispuestos a permitir el libre curso de esta aventura. En lo inmediato, el liberalismo se dividió para las elecciones presidenciales de 1946, entre los seguidores del caudillo y los de un aparato oficial que acababa de renegar del reformismo lopista y que de momento no tenía nada positivo que ofrecer. Y así, la pausa que este partido había querido antes marcar con el gobierno de Eduar­do Santos (1938-42), pasó en derecho a ser presidida por los conservadores, en cuyas manos se hizo escabrosa.

V

Los conservadores ganaron las elecciones de 1946 con el nombre de Mariano Ospina Pérez, un hombre de negocios que estaba destinado a servir de puente al ideólogo Laureano Gómez, como en 1930 Olaya había hecho de puente para el arribo al poder de Alfonso López. Los dirigentes liberales más conscientes y temerosos de los ries­gos de la aventura caudillista del gaitanismo se marginaron de la lucha. Gaitán asumió entonces la dirección del partido con poderes absolutos. Su asesinato, que el gobierno atribuyó con todo descaro al comunismo, produjo en las principales ciudades del país un estallido colosal de cólera anárquica que provocó el terror de las clases dominantes, a la vez que mostró la impoten­cia política de las masas. Para conjurar la crisis a través de un arreglo con el régimen conservador, el liberalismo no tuvo de nuevo otros personeros que los dirigentes que habían sido despla­zados por Gaitán. La colaboración liberal que entonces se inten­tó, no podía durar mucho como quiera que ella estaba lejos de favorecer los planes de Laureano Gómez, jefe indiscutido del conservatismo. Al calor de las batallas libradas contra el reformismo lopista y luego, ante el peligro del sesgo antidemo­crático que Gaitán había dado al liberalismo, el monstruo, como lo llamaban adversarios y amigos, se había radicalizado por la derecha, lo que tenía que resultar temible dados su apasionamien­to y su capacidad de maniobra política, no igualados por nadie. Desde esta posición, y con alguna razón histórica, Laureano Gómez se negaba a diferenciar entre liberales ortodoxos y liberales populistas, entre lo que había sido el partido de Alfonso López y lo que el mismo partido había llegado a ser bajo la dirección de Gaitán, sosteniendo que en el reformismo agitacional del primero, se gestaba la corriente que sin puntos de solución conducía al revolucionarismo irresponsable del segundo. Llevando más lejos aún su reducción temperamental, Gómez identificaba así mismo, bajo la imagen de un basilisco, que se hizo famosa, al liberalis­mo en bloque con el comunismo ateo y la anarquía. El partido del populacho era uno solo, y ese partido era el responsable de todos los hechos que en los últimos tiempos habían representado una perturbación del orden, incluidos el estallido nueveabrilero, los incendios generalizados y los saqueos, los ataques al clero, y ese fenómeno alarmante como ningún otro, de que en el momento más álgido de la subversión, las fuerzas de policía reclutadas por el Estado liberal hubieran puesto las armas en manos de los amotina­dos. Era preciso pues, desterrar al partido liberal del escena­rio político colombiano e impedirle a cualquier costo el acceso a los cargos del Estado, posición desde la cual había alentado e insolentado a las masas. De inmediato, y para cerrarle el camino a las urnas, los dirigentes conservadores impartieron en todo el país la orden de privar de sus cédulas de ciudadanía a los segui­dores del liberalismo. Los procedimientos violentos que acompa­ñaron necesariamente esta operación, se convirtieron en pocos meses en una campaña sistemática de exterminio de liberales, promovida desde los más altos niveles oficiales y adelantada por una policía que pronto comenzó a reclutarse por méritos crimina­les. Iniciada de esta manera la violencia, el gran burgués que era Ospina Pérez pudo ceder en 1950 el paso a Laureano Gómez, el ideólogo fascistizado. Ya a la cabeza del Estado, Gómez empren­dió la tarea ambiciosa de modificar de arriba a abajo la estruc­tura institucional del país, empezando por el orden político constitucional. Los lineamientos de la república democrática debían ser por completo abandonados, ya que este régimen, fundado en los perniciosos conceptos de la soberanía popular y de la mitad más uno de las voluntades, consagraba el poder del obscuro e inepto vulgo, como lo demostraban por demás los recientes desplazamientos electorales en favor del liberalismo, que pare­cían irreversibles. Los mejores debían gobernar, y ellos no eran otros que los que al detentar las posiciones del mando en la vida económica e institucional, integraban la cúspide de la pirámide social. En lugar del sufragio universal, el Estado debía encontrar en buena parte su base en los representantes de los gremios económi­cos, de corporaciones como la iglesia y de instituciones como las ligas profesionales y las universidades. La representación propiamente política si había alguna, quedaba limitada a los gestores de este ordenamiento, o sea el caudillo y a las personas designadas por él. Entre tanto, el Estado conservador seguía enfriando con las armas policiales y pronto también con las del Ejército a las masas para él demasiado recalentadas por el Estado liberal. Los jefes liberales, angustiados e impotentes, vacila­ban entre estimular la resistencia inevitable de un pueblo acosa­do, que fácilmente empezaba a desarrollar apetitos sangrientos, o marginarse de una lucha cuyos términos conducían rápidamente a los combatientes liberales a posiciones políticas clasistas y anticapitalistas. Esta vacilación fue considerada por los gober­nantes como un compromiso con la subversión y castigada con atentados e incendios de residencias en cabeza de los jefes liberales, quienes así, prácticamente, fueron llevados a tomar el segundo camino: el del marginamiento de la lucha y el exilio. No se respetó ni a los ex Presidentes liberales ni a los órganos de la gran prensa. En la drástica y descomunal tarea que Laureano Gómez se había impuesto se fue perfilando sin embargo un proceso: a medida que se evidenciaba el carácter y el costo de sus ambi­ciones aumentaba su aislamiento.

VI

En 1953 fue Laureano Gómez quien debió tomar el camino del ex­ilio. Su esquema constitucional corporativo, sus ataques contra el sistema democrático con idénticos argumentos que los enarbola­dos por los fascistas europeos, su pretensión de fundir en un solo cuerpo el mando socioeconómico y la conducción político-ideológica, en fin, la perpetuación de su poder personal como constructor del nuevo andamiaje, repugnaban a sectores de su propio partido que confiaban aún en la funcionalidad de los principios democráticos y republicanos, no importa que para ellos esto no representara otra cosa que la fe en la capacidad de las jerarquías sociales para infundir sus principios a las masas por otros métodos que los de sangre y fuego. Los demócratas conser­vadores llegaron a ver la aventura derechista de Gómez con alarma parecida a la que pocos años atrás experimentaran los jefes liberales, ante los deslizamientos izquierdistas de su partido. Fue así, como en el propio seno del conservatismo, y bajo el comando del ex Presidente Mariano Ospina Pérez, empezó a gestarse un movimiento de oposición, que tenía sobre cualquier otro, la enorme ventaja de no poder ser aniquilado a nombre de la religión y el anticomunismo. Para ser eficaz, y dadas las especiales condiciones políticas del país, esta corriente oposicionista se abstenía de toda argumentación ideológica y programática, redu­ciendo su desafío al caudillo a la enunciación del nombre de Ospina Pérez como candidato para las elecciones que deberían realizarse en 1954. Y ello bastó para producir el choque. Laureano Gómez se levantó de su lecho de enfermo y pronunció un encendido discurso en el que, contra toda evidencia, denunciaba los fermentos liberalizantes y anarquizantes que el movimiento ospinista pretendía inyectar en el seno de la pura doctrina conservadora. Entretanto, rumores sordos corrían en los cuarte­les. El recrudecimiento de la violencia en campos y ciudades, la amenazante propagación de las guerrillas, hicieron que el soste­nimiento del régimen recayera sobre las fuerzas militares de una manera tanto más exclusiva cuanto que los gobernantes, fieles a sus convicciones antidemocráticas, habían renunciado a todo tipo de seducciones en relación con lo que se llama la opinión, públi­ca. Puesto que el caudillo había prescindido de toda legalidad política fundada en el juego de las corrientes de opinión y promovido de otro lado condiciones de guerra civil generalizada que convertían al Ejército en el pilar prácticamente exclusivo del Estado, tendría que haberse dado una compactación ideológica más nítida e invasora para que no se produjera lo inevitable: que los militares acabaran por arrogarse todos los privilegios del poder y no sólo sus costos de sostenimiento.

VII

Fue así como ascendió al poder Gustavo Rojas Pinilla, satisfa­ciendo no sólo las demandas de sus compañeros de filas, sino también las expectativas de todos los dirigentes políticos extra­ños al grupo de Gómez.  Mientras los conservadores ospinistas entraban a formar parte del gobierno del General, los jefes liberales proclamaron a éste salvador de la patria y émulo del Libertador. Se contaba gene­ralmente con que el gobierno de los militares habría de servir de puente para el rápido restablecimiento de la democracia y el retorno de los civiles a la dirección del Estado. Pero el Gene­ral, un hombre absolutamente corriente que había llegado al poder empujado desde todos lados para ser allí objeto de las más extra­vagantes lisonjas, se embriagó inevitablemente de gloria y muy pronto comenzó a dar pasos encaminados a convertir su mandato golpista en un puente, no para los ideólogos civiles, sino para su propia elección y reelección presidencial. Primero trabajó sobre la línea de dejar de lado a ambas colectividades políticas fundando para su propio uso un tercer partido con base en el binomio pueblo-fuerzas armadas, lo que alarmó por supuesto a todos los políticos, excepción hecha de los descastados, y lo que determinó su primer choque importante con la Iglesia. Organizó así mismo su propia constituyente sobre el resto de la que había montado Gómez con miras a la reforma corporativista, y encomendó a ella la función de legalizar su continuación en el poder. La clase dirigente colombiana, la que tenía el poder económico, la cultural los medios de información, empezó a hablar entonces de libertades y derechos civiles, percibiendo como una vergüenza y una real derrota que el país que ella manejaba en todos los demás órdenes, pasara indefinidamente al control de los hombres de armas en el punto central del poder del Estado. Fue así como, al paso que los decretos leyes recaían como órdenes castrenses sobre los diversos terrenos de la vida social, en particular sobre el económico, aquella clase comenzó a mirar de nuevo hacia los políticos liberales y conservadores, salidos generalmente de su propia entraña y que eran, de conformidad con las tradiciones civilistas del país, sus personeros autorizados para el manejo de los asuntos públicos. Para que su retorno al poder se identifi­cara con un anhelo nacional, a unos y otros políticos se exigió ante todo el logro de un acuerdo que, moderando los ímpetus partidistas, les permitiera proponer al país la tarea de poner fin a la violencia.

VIII

El 10 de mayo de 1957, fecha de la caída de Rojas, tuvo su coro­nación la empresa política más idílica que ha conocido la nación colombiana de los tiempos modernos. Para derribar el régimen de los militares se congregaron en un solo frente los empresarios de la banca, de la industria y del comercio: los liberales de los más diversos matices; los conservadores del oro puro y de la escoria, es decir, los expulsados del poder por Rojas y los que habían entrado con él; la iglesia, por supuesto; en fin, los comunistas y los estudiantes. Durante meses, los hijos y las mujeres de la burguesía habían practicado métodos conspirativos, mientras que los marxistas agitaban la consigna de las libertades democráticas. A la hora cero, con el estandarte de un candidato conservador, simpático a fuer de folclórico, los empresarios pararon la economía y los estudiantes invadieron las calles. Substituido Rojas por una junta de cinco militares que debían, ellos sí, servir de puente para el retorno de los civiles al poder, se dio comienzo a un complicado tejemaneje político al cabo del cual resultó evidente, que los conservadores no estaban en condiciones de aspirar al próximo turno presidencial, sobre todo, por el resentimiento de Laureano Gómez con el sector de su partido comprometido en el golpe de Rojas. En un acto de odio político suicida, el caudillo, que había regresado del exilio gracias a la gestión de Alberto Lleras, lanzó la candidatura de éste en lugar de la del conservador Valencia. Los efectos de esta maniobra espectacular, recibida por lo demás con alivio en amplios sectores ciudadanos, iban en adelante a gravitar pesada­mente sobre la suerte de la corriente laureanista, y ello a despecho de que el gobierno a elegir iniciaba tan sólo una serie pactada de administraciones conjuntas a la cabeza de las cuales se alternarían liberales y conservadores. Para la militancia conservadora, lo que quedaba claro en todo esto, era que los liberales recuperaban la presidencia, gracias al patrocinio del jefe que todavía cuatro años atrás les enseñaba a asimilarlos al comunismo ateo, llamando a su exterminio en nombre de la salud de la república.

IX

El Frente Nacional, cuya tarea más inmediata consistía en expul­sar a los militares del poder y restituir en él a los políticos civiles, lo que por otra parte se anunciaba con demasiada crudeza en su primer nombre de Frente Civil, tuvo su principal construc­tor en Alberto Lleras Camargo. Fue éste el contrahombre de Gaitán en las filas del liberalismo, al menos si se consideran las cosas en una perspectiva un poco amplia. Abandonado por el liberalismo el reformismo de López y salido éste de la presiden­cia sin concluir el período, había recaído en el joven Lleras Camargo la designación para gobernar en el año restante. Mien­tras las masas urbanas desengañadas engrosaban con rabia la corriente gaitanista, Lleras probaba al país que existían en el liberalismo otras vertientes capaces de separar el Estado de todo contacto demasiado estrecho con las masas y de poner incluso a éstas en su sitio cada vez que pareciera necesario para el mante­nimiento del orden. En contraste con la benevolencia lopista frente al movimiento obrero, correspondió a Lleras quebrar desde el Estado una de sus organizaciones de vanguardia, la de los trabajadores del río Magdalena. Con su comportamiento en el gobierno, era como si dijera al país que también en el liberalis­mo predominaba la convicción de que debía volverse por los fueros autoritarios del Estado, lo que en ese momento histórico apenas podía tener el sentido de acreditar la propaganda de los conser­vadores y favorecer el retorno de éstos al poder. La conducta del Presidente Lleras frente al decisivo debate electoral de 1946 había sido de una pulcritud como sólo se ve en Colombia cuando los mandatarios de turno carecen de toda simpatía con sus copar­tidarios que aspiran a reemplazarlos. Una alambrada de garantías hostiles, tal era para el candidato oficial del liberalismo, Gabriel Turbay, la imparcialidad del Presidente Lleras. Estos antecedentes conservatizantes se vieron en seguida reforzados por el desempeño, todavía menos heroico, de la Secretaría de la reaccionaria OEA en los mismos años en que los liberales eran masacrados en Colombia en nombre del anticomunismo. Por estos títulos, pero también por su innegable habilidad política, Alber­to Lleras Camargo apareció en 1957 como el hombre indicado para organizar y dirigir el asalto combinado contra el régimen de los militares, así como para poner en marcha el difícil montaje institucional que debía hacer posible el gobierno de los dos partidos.

X

El contenido del pacto frentenacionalista se deduce en su especi­ficidad de la evolución política a la que en cierta forma vino a dar conclusión. Hasta este momento, era opinión corriente consi­derar al liberalismo como el partido del pueblo y al conservatis­mo como el del orden, definiciones que no pueden ser tomadas a la letra pero que tampoco deben ser desestimadas. Es el hecho que a través de nuestra historia estos dos partidos representaron funciones contrarias pero también complementarias, alternándose de manera dramática y espontánea en la conducción del Estado. Este curso ciego fue el que el Frente Nacional oficializó: la complementariedad se convirtió en coalición paritaria y la suce­sión de los contrarios a través de largos períodos históricos, se volvió norma de alternación presidencial. En sus dos etapas de predominio, treinta años en el siglo XIX a partir de 1850 y quince en el siglo XX a partir de 1930, el liberalismo colombiano había realizado unas rupturas y promovido unos cambios que secre­ta o inconscientemente eran anhelados por el conjunto de la clase dominante y que en última instancia, y no sin chocar por tanto con estrechos intereses adquiridos, estaban destinados a contri­buir a la expansión de esa clase. Como quiera que todo verdadero cambio, exige una movilización de las energías generales de la sociedad, un llamado a las instancias privatizadas para que afirmen y trasmuten políticamente sus intereses, instintos y deseos, el liberalismo había debido, tanto en el siglo pasado como en el presente, estimular el revolucionarismo de sectores medios o populares para enfrentar con él, ora a los esclavistas y a la Iglesia terrateniente, ora a los latifundistas semifeudales. Por haber buscado dar libre circulación mercantil a la tierra y a la fuerza de trabajo, que eran los dos recursos fundamentales del país, el liberalismo se llamaba el partido de la libertad, y por haber procurado con esto mismo el uso de ambos recursos por quien mejor los retribuyera y explotara se llamaba el partido del progreso. Los cortes históricos que marcó en 1850 y 1930 y los cambios que en estas fechas inició, representaban hasta tal punto una necesidad general que en ambos momentos el partido conserva­dor le cedió por su propio impulso, o falta de impulso, el paso, por el hecho enteramente lógico de que este último partido, de pretender por su propia cuenta realizarlos, habría perdido su identidad ideológica y con ello desaparecido de la escena. El conservatismo, de su lado, acreditaba sus títulos de partido del orden y de la autoridad, porque a él le había correspondido en derecho administrar las largas pausas en el revolucionarismo, pausas cuya oportunidad se hacía manifiesta cuando su doble histórico había llevado las reformas hasta el punto que resulta­ban posibles y era llegada la hora de la desmovilización y de la explotación rutinaria de la etapa alcanzada. Entonces se acen­tuaba la defensa de la autoridad constituida, tanto en el orden del poder político, centralizado en el Estado, como en el del poder socioeconómico, que representaba un control descentraliza­do, pero por ello mismo más estrecho sobre la vida de las masas populares. La división electoral fue el procedimiento sistemáti­co por el cual el partido en el gobierno facilitaba su propio relevo, al comprender que otra tarea se había hecho necesaria y que por índole, debía ser desempeñada según los principios del contrario. Esto no había impedido nunca la feroz resistencia de sectores del partido relevado, poco dados a aceptar la necesidad de una evolución histórica que señalaba la parcialidad de su doctrina, resistencia que indefectiblemente se equilibraba con el surgimiento en el mismo partido de corrientes modernas que apren­dían a resignarse con el usufructo de las ganancias generales y que extraían así del interés material, una suerte de ecuanimidad filosófica. Los conservadores compraron los bienes expropiados a la Iglesia, los liberales prosperaron en los negocios bajo la Regeneración y en las décadas que siguieron, los conservadores se hicieron industriales o arrendaron sus fincas a capitalistas luego de las reformas lopistas. Cuando mayor era la moderación política de los copartidarios resignados, más desesperada y agresiva se hacía la oposición de los doctrinarios, por cuenta de los cuales corría el trabajo arduo de la negatividad y la dife­renciación y con ello la salvaguardia de la identidad partidaria. A lo largo de la historia nuestras dos colectividades políticas se construyeron como partidos y anclaron en el alma popular, gracias sobre todo, a esta pasión dualista y diferenciativa que polarizaba sus distintas actuaciones en gobiernos cerradamente homogéneos y oposiciones ardorosas, y que imponía sus opuestas afiliaciones a los colombianos con bautismos de sangre. La furia de esta diferencia alcanzó su clímax en la década de la violencia iniciada en la parte media del gobierno de Ospina Pérez. Esta vez, en contraste con las anteriores, la apelación a las armas se originó en el gobierno. El brazo del Estado se extendió por los campos en una función de verdugo que desató el pánico y el sadis­mo entre el pueblo, y ello con tales dimensiones de caos y atro­cidad, que no son para ser descritas brevemente. Es cierto, que el pacto frentenacionalista se propuso entre otras cosas atajar esta suerte de psicosis colectiva, y que en buena parte lo logró. Pero es también cierto, que la violencia llegó a ser esta vez mucho más que una lucha entre los dos partidos tradicionales, que en su curso el Estado acabó por perder todo peso moral mientras que grandes sectores populares levantados en armas, se beneficia­ban de la más profunda legalidad, a la vez que se daban sus propios jefes.

 XI

Hacia 1957, cuando fue pactado el Frente Nacional, el viejo López pensaba que no había ya ningún problema nacional decisivo que separara a los dos partidos tradicionales. Por el mismo tiempo, Laureano Gómez, que acababa de regresar del exilio, comunicaba que lo más importante que había aprendido en estos años dramáti­cos era que la libertad de expresión, específicamente la de prensa, debía ser defendida a toda costa. Después del cataclis­mo, López daba muestras de un realismo, que por el hecho de ser tal, no dejaba de resultar conservador, mientras que Gómez expre­saba convicciones liberalizantes. En el fondo de estas paradóji­cas evoluciones se perfilaban claramente los nuevos contornos de un país, en que el señorío de la tierra había sido substituido por la propiedad del capital como fuente principal de poder, y en que pocas trabas quedaban que se opusieran a este relevo en el orden de las instituciones o simplemente de los usos sociales. Al hacer suyo este terreno, los liberales y los conservadores tenían que comprender que la más sangrienta de todas sus bata­llas, había venido para presidir el descubrimiento de una reali­dad nacional, frente a la cual se destacaban sus puntos de con­tacto mientras sus diferencias parecían mínimas. El propósito de enmienda y las demás virtudes a que se consagraron a partir de entonces los políticos de ambos partidos, se manifestaron en esfuerzos diversos, según la modalidad de los excesos en que habían caído o que habían podido atribuírseles. Los liberales, como quien accede a la madurez, iban a dar muestras de especial responsabilidad en sus actuaciones, buscando corregir la mala imagen que de ellos hubieran podido formarse las fuerzas más preocupadas por el orden. Los conservadores, por su parte, adoptando aires de cordura, iban a proclamar con insistencia su adhesión a la democracia, su respeto por los derechos civiles y su voluntad de compartir el territorio patrio con todos los seguidores del partido rival. Dentro del esquema ideológico frentenacionalista, cada partido iba a servir de garante de los buenos propósitos del contrario. Con su gobierno paritario, su política coaligada y sus campañas electorales conjuntas, los conservadores iban a decir a las clases altas que los liberales ya no eran unos alborotadores, mientras que los liberales iban a tratar de convencer a las masas de que los conservadores no amenazaban sus vidas. La tarea de devolver el crédito al rival, era en verdad mucho más difícil para el liberalismo para hacer votar a los seguidores de su partido mayoritario por el candidato conservador en el turno de la presidencia. Esto explica que bajo el Frente Nacional, mientras los liberales pudieron llevar a la presidencia a sus más destacados conductores, en los dos turnos que correspondieron a los conservadores, la selección del candi­dato fue hecha por el otro partido con el criterio principal de encontrar la persona que le inspirara menos miedo. Así, los más caracterizados jefes del conservatismo, Ospina Pérez y Gómez Hurtado, debieron deponer sus aspiraciones y someterse al hecho de que su partido fuera representado en la presidencia por figu­ras ideológicamente desdibujadas. El costo evidente que este arreglo iba a representar para los conservadores, encontraba en el lado del liberalismo una correspondencia de otro orden: los conductores de esta última colectividad, en especial Lleras Restrepo, al gobernar a nombre de los partidos y prohibirse toda definición política partidaria, así como todo intento reformista que contrariara a sus temibles socios, iban a defraudar necesa­riamente todas las esperanzas que sus copartidarios hubieran podido fincar en el retorno del liberalismo a la primera posición del Estado. Sobre esta frustración, así como sobre estas espe­ranzas a las que el Frente Nacional imponía un aplazamiento de dieciséis años, el joven Alfonso López Michelsen, con un cálculo sagaz y una tenacidad alimentada por la seguridad en su objetivo, inició su campaña para las elecciones presidenciales de 1974.

XII

La reforma constitucional que consagró el sistema del Frente Nacional fue votada plebiscitariamente por doce años, que el gobierno bipartidista aumentó pronto a dieciséis. Por cuatro períodos de cuatro años, los partidos liberal y conservador iban a turnarse en la presidencia, a repartirse por mitades los cargos de gobierno, así como los asientos del Congreso. Para votar cualquier ley importante, se adoptó la norma de las dos terceras partes, con lo que se buscaba garantizar la unidad del bloque político en el poder, excluyendo la aprobación de cualquier medida positiva que no contara con la virtual unanimidad de los socios.

El trabajo que tuvo que cumplir Alberto Lleras como presidente iniciador del sistema, fue ciertamente arduo y abarcó los más variados frentes. Lo primero fue convencer a los liberales y los conservadores de que podían trabajar en común, lo que implicaba ante todo persuadirlos de que había una tarea que podían realizar conjuntamente. Esa tarea, que el actual presidente de Colombia López Michelsen ha llamado la administración del capitalismo, condensaría desde entonces todo lo que tiene a la vez de esforza­da y de miserable la política frentenacionalista. Lo segundo fue lograr ciertas metas políticas decisivas para el afianzamiento del poder civil, cuales eran poner a los militares en su sitio, el que dadas las relaciones de fuerza tenían que ser cómodas sin embargo, y correlativamente garantizar la paz pública por un camino que no fuera el azaroso y fracasado de la sola campaña militar. Lleras Camargo se entregó así a una verdadera empresa de adoctrinamiento dirigida a los uniformados, recordándoles el lugar que les asignaba la Constitución y ponderando su vocación republicana, que los desvíos de Rojas no alcanzaban a desmentir. Para darles satisfacciones más visibles, les conservó una cuota importante de poder discrecional en el frente del orden público, que a lo largo del Frente Nacional y del régimen casi permanente del estado de sitio, no hizo más que crecer, invadiendo buena parte del terreno de la justicia. Para el restablecimiento de la paz, y con miras a reducir la presencia del Ejército en el Esta­do, Lleras comprendió que no eran suficientes el hermanamiento y los llamamientos conjuntos de los dos partidos, sino que era preciso poner remedio a ciertos efectos sociales y económicos que producían tensiones en los campos y engrosaban peligrosamente el subproletariado urbano. El instrumento fundamental para la persecución de esta finalidad, fue la Reforma Agraria, concebida principalmente por Carlos Lleras Restrepo, quien iría a presidir años después el tercer gobierno bipartidista y quien se distin­guía como el más capaz de los administradores del capitalismo en los marcos del Frente Nacional. En el seguimiento de aquella política se invertirían importantes recursos del Estado con un propósito contra el que conspiraban las tendencias espontáneas de la sociedad: fortalecer la economía campesina y frenar las co­rrientes migratorias del campo a las ciudades, que daban a éstas un crecimiento vertiginoso en ningún momento determinado por las oportunidades ocupacionales que ofrecía. Esta política reformis­ta, necesariamente blanda con los terratenientes en las condicio­nes de pacto frentenacionalista, y contraria además a las evolu­ciones dictadas por el orden general de nuestro capitalismo, conocería la suerte de arrastrar una existencia marginal en el concierto de la economía agraria sin ser nunca por otra parte abandonada, y esto por una mezcla muy corriente de inercia y demagogia.

XIII

Los gobiernos que se sucedieron en cumplimiento de la norma de alternación, el del conservador Valencia, los de Carlos Lleras y Misael Pastrana, perseguirían todos, con mayores o menores sobre­saltos, una misma finalidad estratégica, que era la de mantener un orden institucional general en el que se combinaran el esquema político democrático y el esquema económico capitalista. De estos dos esquemas, el más directamente amenazado era el primero, y ello en razón de los desastrosos efectos sociales del segundo.

El capitalismo colombiano completó bajo el Frente Nacional una etapa substitutiva, o sea aquella en que su expansión tuvo como centro un proceso industrial, que en buena parte se limitaba a ir copando las demandas directas o subsidiariamente provocadas por la agricultura tradicional de exportación, dependiendo también de las divisas generadas por esta agricultura para pagar las impor­taciones de equipos y materias primas. Ya en esta etapa resultó evidente la desproporción entre los efectos económicos generali­zados del nuevo régimen, que en cierta forma penetraba la vida entera de la sociedad, y de otro lado, su capacidad restringida para inscribir de manera directa a la población en el radio de sus operaciones. Por una paradoja, no muy fácil de comprender ciertamente, la población parecía elevar sus tasas de crecimiento al mismo ritmo en que el capitalismo destruía sus condiciones tradicionales de vida y de trabajo sin ofrecerle siempre otras a cambio o sea al mismo ritmo que el régimen económico la declaraba excedentaria. Este fenómeno, preocupante como pocos, acabó por concentrar la atención de nuestros hombres de estado, y fue así como Alberto Lleras llegó a convertirse en el promotor de una intensa campaña pro control demográfico, que partía del supuesto teórico, de que no era el orden institucional económico el que se mostraba rígido e inflexible para cubrir el cuerpo natural de la población, sino que era ésta la que sobraba. Los desarrollos subsiguientes del sector industrial, a niveles casi siempre muy altos de tecnología, y casi siempre con un grado importante de participación extranjera, no prometía mayores cosas en el orden de remediar en algo el desempleo y subempleo de la mitad de la población urbana. Tampoco prometían mucho las estrategias de desarrollo económico que empezaron a insinuarse en los años tardíos del Frente Nacional. Como quiera que se enfocara la diversificación y el desarrollo de la agricultura de exportación, ya fuera como soporte de nuevos desarrollos de la industria o como elementos autónomos de expansión capitalista, dados los niveles de tecnificación requeridos, no podían preverse a corto plazo, aumentos significativos de la ocupación, ni siquiera en el caso de que se vincularan con aquel fin a la producción, tierras hasta entonces ociosas.

Obligados tanto de hecho como de palabra a gobernar sobre la base del respeto a las instituciones económicas capitalistas, y ello en un marco político global que reconocía formalmente al Estado la autoridad para modelar los diversos terrenos de la vida so­cial, conforme a los intereses más generales, los gobiernos del Frente Nacional quedaron directamente expuestos a la impopulari­dad del régimen económico, estadísticamente asegurada por las tasas de desempleo, por la profusión de toda clase de subactivi­dades y por los niveles de ingreso de las masas.

XIV

En el momento en que se preparaba para iniciar el último tramo de la alternación, el Frente Nacional tuvo su mayor vergüenza política; su candidato para el período 1970-74, Misael Pastrana Borrero, fue incapaz de vencer claramente en elecciones montadas y controladas por la coalición bipartidista al General Gustavo Rojas Pinilla, que renació así en sus cenizas para demostrar que todo aquello en nombre de lo cual había sido derrocado, carecía de la legalidad de que se reclamaba: la del arraigo en la opinión popular. Contra la maquinaria de uno y otro partido, contra todos los medios de información y propaganda, contra las oportu­nidades oficiales de fraude difícilmente desaprovechadas, el General, que trece años antes había salido al exilio, que once años antes había sido tachado de indignidad en un juicio político espectacular, en el que apenas se le concretaron los cargos de un contrabando de ganado y de unos créditos bancarios en su favor, en fin, que a todo lo largo de los gobiernos frentenacionalistas, había sido señalado como el representante de la dictadura tiráni­ca en contraste con la cual brillaban y se justificaban históri­camente los nuevos sesgos democráticos, el General, decimos, igualó la votación de Misael Pastrana explotando de manera bien simple los índices del empobrecimiento de las masas. Es cierto, que los políticos frentenacionalistas habían sobreestimado su propia capacidad de manipulación del electorado, al oponer al General en ascenso, una figura de la opacidad política e ideológica de Pastrana. Pero su pecado mayor fue el de subestimar el resentimiento popular contra el establecimiento político-económi­co, resentimiento que venía muy naturalmente a identificarse con la amargura del General expulsado. Lo que fue la gran batalla del populismo se convirtió, sin embargo, en una derrota que selló de momento su suerte. Los proletarios de las ciudades colombianas votaron por Rojas, no sólo porque como ellos era un resentido, no sólo porque su indignidad solemnemente proclamada servía bien de símbolo unificador a la indignidad forzosa de los marginados, sino muy especialmente, porque existía la creencia generalizada, de que las huestes del General extendían su influencia a las filas del Ejército y tendría la temeridad suficiente para defen­der por la fuerza cualquier triunfo que pudiera alcanzar en las urnas. Y esta creencia resultó infundada. Los días siguientes a las elecciones, el Presidente Carlos Lleras, que acababa su mandato, impartió a las masas urbanas enardecidas la orden de recogerse temprano en sus viviendas, sin que el aparato estatal presentara las fisuras previstas. El desenlace de la prueba de fuerza a que condujo así el debate electoral, clausuró la versión rojista del populismo que en los próximos años iba a conocer un retroceso electoral acelerado hasta llegar a convertirse, a mediados de los años setenta, en una corriente minoritaria que reparte desordenadamente sus simpatías entre el conservatismo y los principales grupos marxistas.

XV

Desde el día en que se puso en marcha el sistema de Frente Nacio­nal, pactado como se dijo para poner término al régimen del Gene­ral Gustavo Rojas Pinilla y consagrado bajo el gobierno de una Junta quíntuple donde no faltaron los amagos golpistas, la pers­pectiva de una restauración militar ha constituido el principal motivo de preocupación para los gobernantes colombianos. En forma sistemática, estos adoptaron la conducta de minimizar los riesgos de un golpe, como sin en esta forma se evitara que los militares fueran tentados por la idea. En las situaciones más álgidas, como la que se presentó bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, cuando pareció que un paro obrero era parte de una vasta conspiración en la que estaba envuelto el jefe del Ejérci­to, General Ruiz Novoa, los dirigentes políticos apenas dan públicamente indicaciones de los peligros vividos a través de declaraciones renovadas sobre la fe y adhesión inquebrantables que ellos atribuyen a los uniformados en relación con las insti­tuciones democráticas. La amenaza es de tal índole, que la denuncia parece aproximarla, y el temor es demasiado grande para ser abiertamente formulado. Todo lo que viene a poner en juego el orden público, como las incursiones guerrilleras, los motines estudiantiles, las protestas obreras, evoca para los dirigentes políticos colombianos, no propiamente el fantasma de una dictadu­ra del proletariado, en que nadie cree, sino el más palpable de la dictadura militar. De hecho, la amenaza que gravita así sobre la vida política del país, y que el ejemplo de los países del sur hace parecer más inminente, actúa como un factor disuasivo en relación con cualquier cambio progresista como quiera que los políticos liberales y conservadores temen más enajenarse la simpatía de las clases poseedoras, con sus órganos poderosos de presión y su incidencia directa en la política, que perpetuar el malestar de un pueblo masificado, muy difícil de movilizar en función de objetivos unitarios. En su afán de sostenerse en el poder y conjurar la amenaza del militarismo, los gobernantes mejor intencionados abandonan pronto la ilusión de realizar cualquier reforma capaz de incidir seriamente en el orden socioeconómico para constreñirse a la tarea, ardua pero poco heroica, de administrar el establecimiento. De esta manera, el golpe militar tan temido está bien presente en la vida colombiana, sobre todo, por la compactación que impone entre los dirigentes políticos y los usufructuarios del régimen económico.

La eventualidad de un golpe, vista a la luz de la historia re­ciente del país y de la experiencia vivida en otras latitudes, no depende de la iniciativa de los militares, cualesquiera que sean sus ambiciones y la fuerza material con que las respaldan. Para ello es preciso que se dé una quiebra de cumplida de la democra­cia, que este régimen deje de garantizar el control político sobre la población. Fue lo que estuvo a punto de evidenciarse en Colombia el 19 de abril de 1970 y los días que siguieron, cuando pareció que el Frente Nacional había sido derrotado electoralmen­te por un candidato que explotaba el resentimiento popular. Y es lo que se pondría cabalmente de manifiesto, el día que las iz­quierdas clasistas cobraran gran fuerza electoral o adquirieran una autoridad decisiva entre los trabajadores. Entonces, los políticos liberales y conservadores correrían el riesgo cierto de ser licenciados por quienes tienen el poder suficiente para ello, por los capitalistas, y de ver a los militares ocupar su lugar. Porque, no hay que dudarlo, los militares de Colombia, como los de otros países, han asimilado sus lecciones y, si no carecen de ambiciones políticas, han depurado en cambio éstas de aventure­rismo. Lo que significa que saben esperar, y que su ambición es la de ser llamados.

XVI

La confluencia de las corrientes liberal y conservadora en el gran aparato frentenacionalista, y la compenetración de este último con el régimen económico prevaleciente, determinaron la conformación de un establecimiento que convirtió sus rigideces interiores en índices de fuerza y que terminó por ver como una perturbación inquietante cualquier proyecto susceptible de intro­ducir la contradicción en su seno. En la medida en que este esquema general se oficializó, la oposición a él o a alguno de sus elementos constitutivos adquirió visos de subversión. La inconformidad y las demandas de reforma, imposibilitadas para encontrar algún lugar en el establecimiento, formaron una franja de marginalidad ideológica que en los últimos tiempos no ha hecho más que radicalizarse, y ello en los términos que parecen más aptos para expresar una ruptura insalvable.

La protesta anticapitalista, que es el punto de reunión de los inconformes, ha encontrado su principal inspiración ideológica en el marxismo, el cual es abrazado a la vez en los planos teórico y práctico, o sea tanto en su correcta iluminación del clasismo que domina la vida espontánea de la sociedad y de los grupos, como en su dudosa promoción de la lucha igualmente clasista por un orde­namiento diferente. El escenario de la lucha, de otra parte, ha tendido a ubicarse en zonas de cierto modo periféricas, como el monte y la universidad. Así, desde el comienzo de los años sesenta el radicalismo estudiantil, inspirado en la gesta cas­trista, tomó el camino de la guerrilla, con la idea de que a las masas se las lleva mejor al combate por el ejemplo de la intrepi­dez de los destacamentos políticos más conscientes. Por desgra­cia, la voluntad de sacrificio de que daba muestras la juventud radical, cobró primero realidad en los choques con el Ejército para muy pronto empezar a plasmarse en luchas intestinas que desembocaban de manera sistemática en la aplicación de la más drástica justicia revolucionaria. La muerte del cura guerrillero Camilo Torres, señaló el tránsito a esta última fase, cuando la impotencia y la evidencia de un extrañamiento que resultaba no sólo geográfico, llevaron a los grupos guerrilleros a dirimir abundantemente con vidas la ventilación de todo tipo de diferen­cias. Agotadas las expectativas de este camino, fue la universi­dad la que vino a erigirse en el principal reducto de la protesta anticapitalista. Con la excepción del partido comunista, que ha logrado echar raíces en algunos sectores obreros y campesinos, la generalidad de las organizaciones inspiradas en el marxismo y promotoras de un cambio en el sentido del socialismo, pueden ser consideradas como grupos estudiantiles, tanto por el origen inmediato de sus cuadros de dirección, como por la composición de su militancia. Universidad e inconformismo político han llegado a identificarse. Ante la consagración de los políticos liberales y conservadores a la causa de un capitalismo que vegete en medio del malestar social más generalizado, causa muy poco apta para atraer las energías de una juventud en contacto con las ideas y la cultural los partidos tradicionales, en particular el liberal que todavía en 1957 tenía autoridad suficiente para llamar a los jóvenes a la lucha, se vieron desterrados en los últimos lustros de la universidad y ni siquiera sus dirigentes más progresistas pudieron volver a tomar la palabra en los auditorios. Se produjo así bajo el Frente Nacional una escisión bien neta: los profesio­nales ansiosos de promoverse socialmente, se dedicaron a la administración de los negocios públicos y privados, sin preocu­parse mayormente por la cultural mientras a los cargos universi­tarios se constriñeron los ideólogos inconformes y los fracasados camuflados de tales, únicos aceptables para los estudiantes. Mas en general, entre los grupos medios con cierto grado de instruc­ción, cuya importancia política es considerable, las posturas frente al sistema imperante tienden a repartirse hoy según un corte generacional: se pronuncian contra él, por lo regular en términos marxistas, los que son jóvenes o quieren perpetuar la juventud, y están con él, por convicción o por realismo escépti­co, los que asumen con la madurez las posiciones un poco sinies­tras del individualismo. A través de un mecanismo de substitu­ción muy corriente entre los marxistas, los estudiantes revolu­cionarios se toman sin más por el proletariado mismo, confundien­do consiguientemente sus pedreas con la lucha de clases y sir­viendo en forma periódica de ocasión para el entrenamiento de las fuerzas armadas en la lucha contra el motín urbano. La inanidad de este movimiento, que ha llegado a componerse de más de un centenar de grupos que fundan formalmente su separación en las divisiones existentes entre los países socialistas o las tesis diversas de cierto número de autores, pero a la cabeza de uno de los cuales se encuentra de hecho un pequeño caudillo, no depende tanto de la participación predominante de ideólogos de clase media en el nivel de sus cuadros directivos. Todas las revoluciones son en verdad dirigidas por ideólogos, principalmen­te las más novedosas y creativas. Su mal resulta más perceptible en la terca y paradójica insistencia con que proclaman, sin que para ello logren hacerse acompañar por las voces de los obreros, que es la clase compuesta por estos la llamada a dirigir un cambio, que es el proletariado el que tiene asignado el papel de sujeto de la acción histórica.

Esta obstinación en definir socialmente a los actores políticos, tiene su más curiosa manifestación en la existencia de grupos conformados por intelectuales, funcionarios y universitarios que se dicen partidos obreros.

 XII

Cuando, para las elecciones presidenciales de 1974, los dos grandes partidos colombianos, enfrentándose por primera vez en muchos años, lanzaron los nombres de Alfonso López Michelsen y Alvaro Gómez Hurtado, la imaginación popular fue inevitablemente retrotraída a los años que dan comienzo a nuestra crónica. Esos años habían estado dominados por la presencia de dos conductores de nuevo cuño, dos hombres de la clase urbana que tomaba impulso en las nuevas oleadas del capitalismo y las finanzas: Alfonso López y Laureano Gómez. La amistad que los ligó en la juventud y la pugna tenaz que los opuso en la madurez, vendrían a represen­tar bien, en el plano de las relaciones interindividuales, el curso de hechos históricos decisivos para toda una nación. Por ello, cuando el hijo de uno y otro se enfrentaron en 1974 por la presidencia, era como si las colectividades que los promovían quisieran volver a comenzar por el punto que antecedió a sus extravíos y dejar en cierta forma de lado los dos grandes tramos que acababan de recorrerse: el de la violencia y el del Frente Nacional. El golpe que puso término al gobierno de Laureano en 1953 fue ahora, por voluntad de los votantes y en cabeza de Alvaro, un verdadero golpe de opinión: la simpatía, por lo demás bien merecida, que el viejo López había inspirado en su momento a los colombianos, y el temor, todavía más justificado, que los mismos habían llegado a experimentar ante el solo nombre de Gómez, se conjugaron para dar a López Michelsen un volumen de votos sin precedentes en Colombia.

El gobierno que López entraba a presidir estaba, en realidad, llamado a servir de transición entre el Frente Nacional y el pleno ejercicio de la democracia republicana. Se habían dejado ya de lado la alternación presidencial y la representación pari­taria en el parlamento, y se había restablecido la norma de la mayoría absoluta para la legislación corriente.

Pero quedaba todavía lo que del Frente Nacional podía considerar­se como esencial, dada la estructura de nuestro Estado: la repar­tición por mitades de los cargos nacionales y regionales de gobierno. Fue el primer desengaño de la opinión: ver al jefe liberal, que había iniciado dieciséis años atrás una carrera política pronunciándose contra el nuevo sistema político en nombre de los derechos de su colectividad mayoritaria, colocado a la cabeza de un gobierno paritario en el que el conservatismo aparecía representado además por figuras de tenebroso renombre. Pero lo que produjo la frustración mayor fue la nueva oleada inflacionaria ocurrida a poco de iniciado el nuevo gobierno. A través de los cuatro períodos del Frente Nacional, la inflación había seguido una curva solidaria con la norma de alternación: baja durante los gobiernos de los dos Lleras y alta durante los de Valencia y, muy principalmente, de Pastrana. Los presidentes liberales habían sido estabilizadores y los conservadores infla­cionistas, o al menos, esto podía pensarse a juzgar por las cifras estadísticas. Algo de verdad había en ello: los primeros eran más sensibles a la preocupación de apuntalar la democracia manteniendo una opinión popular favorable en lo posible, mientras que los segundos, más atentos a las relaciones sociales de fuer­za, se desentendían fácilmente de este aspecto y buscaban halagar las demandas espontáneas de los capitalistas. Misael Pastrana, con una ligereza que convirtió en descaro cuando después se dedicó a criticar a López con el argumento de la inflación, había bajo su gobierno utilizado el gasto público, el crédito y los subsidios de diverso orden como instrumentos de una política de acumulaciones capitalistas aceleradas, incrementando con artifi­cios monetarios la capacidad de inversión y de gasto de los empresarios y asignándoles un poder de compra sobre el mercado sistemáticamente mayor al determinado por sus operaciones regula­res. Pastrana cebó así como ningún otro mandatario anterior a los capitalistas con el crédito y los estímulos generosos. Y los capitalistas no irían a recibir precisamente con simpatía los propósitos estabilizadores de López. Con una desvergüenza demagógica parecida a la de Pastrana, impor­tantes voceros empresariales dieron expresión a su disgusto contra López con argumentos invertidos, que no eran otro que el recrudecimiento inflacionario y el fracaso de los esfuerzos lopistas. Porque si entre 1970 y 1974 se había dado libre curso a la inflación y los capitalistas no podían otra cosa, López había aspirado en verdad a poner freno a este proceso. Y si en el curso medio de su gobierno la inflación alcanzó índices nunca vistos en Colombia, hasta el punto de lanzar a un paro general de protesta a centrales sindicales encuadradas en el establecimien­to, no fue principalmente por una política oficial premeditada, sino por un juego de efectos económicos que antes que a López, simple administrador del capitalismo de la constelación de fuer­zas existentes, señalaban los graves vicios de conformación de la economía colombiana.

XVIII

La bonanza cafetera y el crecimiento vertiginoso de los ingresos del sector exportador, estarían principalmente en la base de la ola inflacionaria que vino a erosionar el capital político del presidente López. Durante todo el período de industrialización substitutiva, la escasez de divisas había constituido el motivo central de preocupación para gobernantes y empresarios. Allí se señalaba la ubicación de uno de los más importantes limitantes del desarrollo, como quiera que la escasez de divisas significaba de manera inmediata, escasez de abastecimientos de equipo y materias primas imprescindibles para la expansión industrial. Uno de los principales males que padecía nuestra economía, pare­cía depender pues de la baja disponibilidad de divisas. Bajo el gobierno de López, las gentes corrientes del país, hasta las cuales había llegado vagamente la conciencia de esta limitación, no pudieron sino recibir con mayúscula sorpresa el fenómeno contrario: el desastre de la inflación, que golpea con especial fuerza a las masas urbanas, hoy mayoritarias en el país, y que en orden político aproxima como ningún otro factor la amenaza mili­tar, encontraba ahora su raíz, como lo afirmaba el mismo gobier­no, en el incremento de los ingresos de divisas por el auge del comercio de exportación. Si la escasez era ayer un mal, la abundancia se convertía hoy en algo peor. Indices de aumentos de precios de más del cuarenta por ciento en un año, mostraban que productores y comerciantes hacían su agosto abasteciendo las demandas internas súbitamente multiplicadas sin preocuparse por aumentar el volumen material de sus ofertas. Se producía un fenómeno parecido al que tuvo lugar cuando la danza de los millo­nes de los años veinte. Si entonces los terratenientes habían utilizado su monopolio sobre la tierra y sobre la oferta de alimentos para captar pasivamente, sin mejorar ni intensificar la producción, el torrente monetario de los empréstitos, indemniza­ciones e inversiones norteamericanas, ahora los capitalistas, con su monopolio sobre el aparato productivo y comercial y sobre los recursos crediticios y financieros, se limitaban a copar las demandas incrementadas con una masa de productos que ninguna fuerza operante en la economía los obligaba a acrecentar. Falta­ba, por ejemplo, el acicate de una competencia entre los empresa­rios para la conquista de los nuevos mercados. El capitalismo industrial importado, había convertido en un corto período histórico a la clase empresarial en una suerte de casta, netamente desprendida del resto de la sociedad y fácilmente actuante como un solo cuerpo, incluso en el terreno de los hechos económicos más inmediatos. Y era esto lo que la experiencia de 1975-77 venía a mostrar con el lenguaje peculiar de los índices de precios, que todos pueden entender a su manera.

XIX

La impotencia ante los mecanismos económicos inflacionarios, apenas natural en un gobierno de tal modo constituido que mal puede plantearse ninguna acción política digna de este nombre, es decir, ninguna acción que se desprenda de las determinaciones económicas y remodele el cuerpo estratificado de la sociedad de conformidad con metas ideales, acentuó en el presidente López ciertos vicios de carácter, y ello por una lógica comprensible pero no por ello disculpable. Imposibilitado para comportarse como un estadista, López se dedicó a hacer política, en el senti­do más estrecho del término. En una gran maniobra diversionista, promovió una constituyente que ha mantenido agitados a los parti­dos y que tiene apenas el pobre objeto de reformar para después de su gobierno las administraciones locales y la organización de la justicia. Pero sus mayores energías se centraron en otro esfuerzo, menos encomiable aún, y es el estímulo permanente dado desde su gobierno a las peores tendencias de la política parti­dista. Desde el comienzo de este gobierno, hubo un candidato oficial para las elecciones de 1978, Julio César Turbay Ayala, de poco gloriosa trayectoria en las filas del liberalismo. Este político representa como ningún otro, lo que en el lenguaje corriente se denomina la politiquería, por la cual las posiciones públicas se persiguen, no para realizar desde ellas un proyecto social cuyo valor moviliza las propias energías sino, simplemen­te, para ocupar esas posiciones con fines de prestigio y, lo que es más regresivo aun, como medio de acceso a las jerarquías económicas. Esta suerte de prostitución de las ideas y aparatos políticos, resulta prácticamente inevitable cuando el poder estatal, como decíamos, se revela impotente y depone toda misión histórica ante la fuerza inerte de las estructuras económicas. En tales condiciones, nada más lógico que vengan a ocupar la escena y que cobren un impulso arrollador, no ya los que se esfuerzan sin más para alcanzar las posiciones de prestigio, sino incluso los que se apuntan a la instancia más sólida, aquellos que con vulgar ligereza -solidaria de un pobre nivel intelectual- reconocen lo efímero de las glorias políticas al lado de la perpetuidad de los derechos de propiedad. Sirve de soporte a esta última tendencia, la evolución relativamente reciente, que refuerza en el terreno de la economía la presencia de un Estado privado de verdadera iniciativa histórica, presencia que se materializa en un amplio dispositivo de medidas de política económica, generosas en sus estímulos y tibias en sus correctivos para con el capitalismo, así como en la proliferación de las empresas con que el esfuerzo público busca complementar el priva­do. Con el eventual ascenso de la tropa encabezada por Turbay a las posiciones de mando, este Estado productor de capitalistas y dispensador de empleos acentuaría, si cabe más, su pasividad histórica, y el año de 1978 daría comienzo en Colombia, al go­bierno de un equipo humano que a buen seguro no perseguiría otro objetivo que el de sostenerse en sus posiciones y que no tendría por consiguiente otra política que la de atender, en el orden en que se fueran presentando, las presiones de los grupos más fuer­tes.

XX

La sociedad colombiana es una sociedad vieja de siglos, por más que sus mañas y estratificaciones sean a menudo presentadas por los sectores dominantes como defectos transitorios de un proceso de maduración inacabado. Las relaciones de producción capitalis­tas, adoptadas a través de enormes sobresaltos, han venido a prestar un nuevo marco a su antigua conformación oligárquica. La gran mayoría de la población, en parte vinculada de manera direc­ta al sistema económico, y en parte, harto notable, sometida a él por los canales de la circulación mercantil, constituye la mate­ria de una acumulación de capital que el Estado, representante del interés general, acelera por métodos monetarios, todo para la gloria de una clase de capitalistas, que buscan elevarse sin dilaciones a la categoría de ciudadanos del mundo apoyándose para ello sobre los hombros de un pueblo deprimido. El esfuerzo capitalista que otros países pueden vivir como una empresa nacio­nal, carece aquí de todo piso moral, lo que significa que cual­quier persona corriente ve apenas en él el nuevo negocio de las viejas capas dominantes, en el que los costos populares no hacen más que crecer. La falta de piso moral del capitalismo es un hecho central en este cuadro. Surge entonces la perplejidad: si el Estado es formalmente la primera autoridad de la nación, y si el ordenamiento capitalista de las relaciones sociales es para él un valor intocable, objeto por demás de sus desvelos, ¿cómo puede mantenerse el sistema de la democracia política? ¿Cómo puede dejarse que el estado sea constituido por el juego de las libres opiniones y como expresión de la voluntad mayoritaria del pueblo a través del sufragio universal? La democracia política colom­biana, con todo y sus recortes, tiene que ser vista a esta luz como un hecho sorprendente. La perplejidad es aún mayor, si se piensa que la democracia colombiana, por lo menos en el terreno de la lucha política e ideológica, puede incluso permitirse ciertos excesos capaces de enardecer a la Iglesia, al Ejército y otras fuerzas centradas en el problema de la captación social y del orden. La enseñanza de las ciencias sociales en la universi­dad pública, ha sido en buena parte abandonada a los marxistas, cuyos esfuerzos de adoctrinamiento vienen a ser así pagados, mal que bien, por el Estado. El partido comunista funciona legal y públicamente, con sus órganos de propaganda debidamente registra­dos, mientras de otro lado tiene una organización guerrillera que hace incursiones en poblados y que se encuentra en estado de guerra con las fuerzas armadas del país. Los guerrilleros que por fortuna no son muertos en el acto de su captura y que, en las esporádicas pausas del estado de sitio, pasan a la justicia ordinaria, obtienen en más de un caso pronta libertad. Existe una libertad de prensa que, si bien sólo puede ser ejercida por aquellos que están en capacidad de financiarla, alcanza verdade­ros extremos: el presidente de la República es presentado como un hampón y los delitos de los militares y los burgueses son venti­lados sensacionalmente en más de un órgano periodístico. Y a todo esto el sistema parece impertérrito, firme como los mecanis­mos sin dueño. ¿Es qué acaso el uso que se hace de las liberta­des en el terreno de las opiniones y las ideas política, contri­buye a la producción de un caos mental en medio del cual nadie cree que se pueda realizar nada, fuera de denunciar, denostar y escandalizar a la manera de Eumolpo? Es cierto, que de una manera general la libertad formal de las ideas constituye la mayor conquista de la civilización de occidente, y que cualquier política que se proponga dar contenidos substanciales a la liber­tad, vale menos que las órdenes que substituye si su costo es la reglamentación de las conciencias. Pero es también cierto que el libre juego de las ideas políticas tiene que plantear gravísimos interrogantes cuando se revela en gran medida inocuo frente a los males de la existencia social.

Hoy, el mal fundamental de la sociedad colombiana, estriba en los efectos segregacionistas del capitalismo. Este régimen ha acaba­do por repartir en dos grandes campos a la población. El prime­ro, el legal, está compuesto por las gentes integradas económica­mente al establecimiento, que gozan de ingresos regulares y se benefician, aunque sea precariamente, de los servicios sociales más primarios, como los de vivienda, higiene y educación. El segundo se define por sus carencias de todo orden, principalmente de una ocupación y un ingreso regulares, y convierte a cerca de la mitad de la población en excedentaria en relación con la legalidad económica prevaleciente. El vasto conglomerado de los parias, que apenas podría identificarse por el sentimiento común del odio y del resentimiento, carece de figuras propias en el plano de las empresas políticas y de la agitación ideológica. Las luchas de los obreros por el salario y la estabilidad ocupa­cional acentúan más bien el aislamiento de este sector de pobla­ción, y otro tanto hacen los movimientos marxistas que pretenden articular directamente su política con los intereses de los trabajadores. Los marginados no tienen ideas políticas propias y tampoco son representados por nadie. Con relación a ellos, todos los demás grupos sociales están unificados por el miedo. En el terreno más inmediato, los capitalistas y los trabajadores se ven asediados por las oleadas de criminalidad que ascienden de los estratos marginales. La figuración de estos estratos en el escenario de las luchas políticas y sociales, depende de la utilización que se puede hacer de ellos para fines que les son ajenos: como escalón para demagogos y golpistas, como elemento explosivo que aumenta la capacidad de chantaje de los obreros al hacer más temibles sus protestas, en fin, y muy principalmente, como argumento del conservadurismo burgués y pequeño burgués que clama por un gobierno fuerte y disciplinador. Sin ideas y sin fines políticos propios, los marginados, que apenas dan por sí mismos para el motín y para el saqueo, tampoco parecen moviliza­bles para un proyecto político que pretenda modificar el cuadro general de la sociedad y que de esta manera se proponga elevar su existencia. Convocarlos a la escena política, como una vez el liberalismo convocó a los trabajadores del campo y de las ciuda­des, sería un proyecto tan temerario que al lado de él la histo­ria del aprendiz de brujo, aparecería como un juego inocente. Este gran punto muerto de la sociedad política colombiana, esta suerte de concentrado de la descomposición y la impotencia, contamina la vida entera del país y priva de verdadero sentido histórico y humano, y casi de realidad, a todo lo que se mueve en los marcos de la sociedad legal, incluidos los juegos ideológicos de la democracia, la cultura considerada en general así como los más revolucionarios pensamientos. Por más que sea doloroso, hay que decirlo: las ideas pueden circular hoy en Colombia no tanto por un respeto inspirado en los mejores valores de la civiliza­ción, sino porque son inofensivas, porque incapaces de articular­se con la realidad social tienen bloqueado el acceso a la serie­dad.

 





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GABRIEL GARCIA MARQUEZ  
 
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