Disparos al aire, borrachos en la calle, amenazas, insultos. La única comisión enviada desde Bogotá a Riohacha para verificar si eran ciertos los rumores de un fraude electoral fue recibida por los guajiros con violencia. La orden, impartida desde arriba, era hostigar al magistrado Juan B. Cormane, a su oficial mayor y a un escribiente. El objetivo era que no supieran la verdad de lo que había ocurrido los días 1º y 2 de febrero de 1904. O lo que no había ocurrido y algunos hicieron que ocurriera en documentos alterados. El nombre del futuro presidente de Colombia estaba en juego y, con él, decenas de negocios, de nombramientos y prebendas, de entuertos y favores.
La última parte de la historia había comenzado a desarrollarse en diciembre de 1903, cuando el pueblo eligió a sus electores, según el sistema de la época. Los electores debían reunirse en Riohacha el 1º y el 2 de febrero para votar por presidente y vicepresidente. Si no lo hacían, las elecciones tendrían que ser declaradas nulas. Según variados testimonios de diversos personajes, la Asamblea Electoral de la intendencia de La Guajira jamás se reunió. Meses más tarde, 45 supuestos dignatarios declararían bajo juramento que la reunión sí se había celebrado, y que ellos habían firmado el acta a favor de Rafael Reyes y Ramón González Valencia.
Todo estuvo acomodado dentro de un guión que se fue escribiendo de acuerdo con las circunstancias. Los protagonistas de excepción eran Rafael Reyes y Joaquín Fernando Vélez Villamil. Uno, general de generales, vencedor de la batalla de Enciso, protagonista de las últimas guerras políticas del siglo XIX, empresario y uno de los primeros exploradores del caucho en las selvas colombianas. El otro, también general, fue la mano de Rafael Núñez en el Vaticano y gobernador de Bolívar. Se había enfrentado al presidente José Manual Marroquín en el Congreso y, contra todo y todos, había prometido que les abriría un juicio a los responsables de la pérdida del estado de Panamá. Días antes de las elecciones definitivas, Vélez era el candidato más opcionado para llegar a la presidencia de la República. Incluso, el general Juan Manuel Iguarán, intendente de La Guajira y uno de los hombres claves en la historia del fraude, había recibido órdenes superiores del Partido Conservador para que le creara un ambiente favorable a Vélez con el fin de que fuera el presidente de Colombia en 1904.
Sin embargo, viejas rencillas e intereses de último momento torcieron el rumbo de la historia. Poco antes de que se encontraran los delegatarios para votar, llegaron desde Bogotá instrucciones de parte del gobierno de José Manuel Marroquín para que el elegido fuera Reyes. El documento estaba firmado por Lorenzo Marroquín. Juan Manuel Iguarán y el gobernador del Magdalena, Vergara Barros, acataron la orden, fuera como fuera, y planearon el fraude. Ellos dos, por posibles nombramientos, y otros personajes de la más alta alcurnia, por diversas razones, fraguaron la conspiración. Lo cierto es que días después de la votación que jamás se hizo aparecieron las actas, debidamente firmadas, con 18 votos más de lo que correspondía, con los nombres de los ganadores en blanco: el Acta de Padilla.
Algunos testimonios recogidos por Adelina Covo para su libro El chocorazo, el fraude de Reyes en 1904 (Editorial Ibáñez) daban fe de ello. “Del 7 al 11 de febrero, Ismael Noguera Conde se encontraba en Santa Marta cuando el general Juan Manuel Iguarán le mostró los ya muy famosos pliegos electorales. Cuando le correspondió declarar en el proceso, también afirmó, que si bien era cierto que los documentos estaban firmados por los electores, el espacio de los candidatos, por quienes se había votado, estaba en blanco. Sorprendido, Noguera preguntó a Iguarán la razón de esto, lo que el general había justificado diciendo que se había puesto de acuerdo con los electores de Riohacha y habían decidido mandar los pliegos para Santa Marta, de manera que allá pusieran los nombres de los candidatos que se debían elegir, porque al no haber telégrafo en el pueblo, no habían podido recibir ninguna instrucción del gobierno de Bogotá sobre por quién debían votar”.
La instrucción se dilató por órdenes y contraórdenes de encumbrados personajes. Marroquín temía que si Vélez era presidente le abriera un juicio por la pérdida de Panamá. Su hijo, Lorenzo, guardaba viejos rencores contra el general por un altercado que sostuvo con él cuando lo expulsó de la delegación colombiana ante la Santa Sede. Lorenzo Marroquín les había pedido dinero a unas señoras a cambio de una entrevista con el papa León XIII. Vélez era el embajador en el Vaticano. Cuando se enteró del suceso, lo obligó a renunciar. En Cartagena, sus propios sobrinos, Carlos y Fernando Vélez Daníes, habían emprendido una campaña contra su candidatura, pues siendo gobernador de Bolívar había gravado sus negocios de ganado con altos impuestos. No permitirían que lo hiciera de nuevo.
Los Vélez apoyaron a Rafael Reyes, incluso en público, como lo demostró un telegrama firmado por Carlos Vélez Daníes, publicado en el periódico El Porvenir de Cartagena, que decía: “Su telegrama del día 8 es todo un programa: menos política y más administración; es decir, ya basta de latines y de idealismos, y ocupémonos en desarrollar nuestras grandes riquezas. Agricultura, inmigración, caminos, trabajo, paz y concordia, es lo que pide Colombia, y lo que sus viejos amigos esperan de usted”. En su libro sobre el fraude, Adelina Covo incluyó una nota a pie de página sobre la formación del departamento del Atlántico según el historiador Jaime Coplas, que aclaraba con nombres y lugares lo que posiblemente había ocurrido: “La falsificación del registro de la provincia de Padilla (actual departamento de La Guajira), se fraguó en el Hotel Colombia de Barranquilla, entre el general Marceliano Vargas, Diego A. de Castro, José Francisco Insignares Sierra y Juan Manuel Iguarán, un cacique, quien sirvió de instrumento a un acto, cuya original inspiración salió de los hermanos Vélez Daníes que buscaban terminar con el autocrático control político de Joaquín F. Vélez (su pariente), que se empeñaba en mantener sobre el ‘Bolívar grande’”. La cita de Colpas había surgido de una obra sobre la actividad comercial de Cartagena escrita por Jorge Restrepo y Manuel Rodríguez.
Al final, la historia fue escrita por los vencedores. Reyes fue presidente y el Consejo Electoral, basado en su libre interpretación de la ley, desechó las pruebas de quienes intentaron impugnar la validez de la elección. En uno de los tantos absurdos de aquellos sucesos, la ley exigía, como lo anotaba Covo, que la nulidad se demandara dentro de los diez días siguientes a la Asamblea, pero la Asamblea jamás se había reunido. Si había pruebas de ello, fueron fácilmente desechadas por jueces que eran nombrados por los beneficiados de la conspiración. La comisión que fue recibida con tiros al aire en Riohacha no pudo realizar la investigación que pretendía. El perdedor falleció dos años más tarde de su derrota. Con su muerte se sepultaron decenas de documentos y, lo más importante, su testimonio. Los vencedores hicieron sus negocios, se tomaron fotografías y se dejaron ver en reuniones y mitines, alabándose unos a otros. Con el poder político, gracias a él y por él, manejaron los asuntos del país a su antojo.
